ALMAGRO TUVO QUE RECONOCER MASACRES A PARTIR DEL GOLPE DE ESTADO DE 2019

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El informe final sobre las vulneraciones de derechos humanos cometidos durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) fue presentado a los 34 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El documento deja a Almagro en aprietos, por su rol en el derrocamiento de Evo Morales.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) su informe sobre las vulneraciones de derechos humanos cometidas en Bolivia antes y después del golpe de Estado contra Evo Morales. Desde el Gobierno de Luis Arce aseguraron a Sputnik que este «es el comienzo» del camino hacia la justicia para las —al menos— 37 personas asesinadas por el régimen golpista.

El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, contó que en la reunión se observó un cambio de actitud en Luis Almagro, secretario general de este organismo, quien desde un primer momento había negado que en Bolivia se hubiera cometido un golpe de Estado contra Morales (2006-2019).

No obstante, Arce sostuvo que Almagro tiene responsabilidad en lo ocurrido en 2019, ya que su modo de actuar y hablar públicamente habría avalado las graves vulneraciones de derechos denunciadas.

«Esa posición absurda e incoherente que defendía el secretario Almagro ha quedado prácticamente superada. Hoy ha tenido que apegarse a un homenaje a las víctimas que, de alguna manera, él ha ayudado a que sean víctimas», dijo el embajador boliviano a Sputnik.

«Recordemos que el génesis, el epicentro de lo que se vivió en Bolivia está justamente en un informe de la OEA que publicaron en la madrugada del 10 de noviembre de 2019», la misma fecha del golpe.

Ese documento, avalado por Almagro, decía que en las elecciones del 20 de octubre de ese año hubo un fraude electoral dirigido a mantener a Morales en el poder por cinco años más, hasta 2025. Finalmente, el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) anuló esos comicios, que daban por ganador en primera vuelta al entonces presidente.

Para Arce, el informe de Almagro comprende «una serie de situaciones anormales. No había sido validado por el Estado, no hubo un informe preliminar. El documento era tendencioso, destinado a buscar un solo fin», el derrocamiento de Morales.

«Nos enteramos de que ese informe estaba lleno de falsedades por estudios de destacadas universidades y centros académicos», comentó.

En este sentido, el informe del GIEI permitirá iniciar nuevas investigaciones, dirigidas a conocer el rol de la OEA y su secretario general en el golpe. «Insistimos para que se abra una investigación certera, independiente, para que los hechos sean definitivamente aclarados y los responsables identificados», sostuvo el embajador boliviano.

«Hacemos hincapié en que no es un tema cerrado. Es un tema abierto. Varios Gobiernos, incluido Estados Unidos, están interesados en saber cuál fue el rol de la Secretaría General de la OEA en este periodo nefasto», advirtió Arce.

Al momento de su intervención en la reunión virtual, Almagro dio un discurso algo errático, totalmente alejado de la dureza con la cual culpaba a Morales en 2019 por los hechos suscitados a partir de su derrocamiento.

«Cuando llamamos a la estabilidad, como lo hicimos en el comunicado del domingo 10 [de noviembre de 2019], cuando llamamos a la estabilidad y a la no violencia para respetar el mandato constitucional, actuar en el marco constitucional, lo hacemos por una razón clara: evitar que ocurran situaciones como estas», dijo en referencia a lo narrado en el informe.

Y reconoció: «La responsabilidad institucional que tenemos no es algo que podemos sacarnos y ponernos a nuestro antojo, sino que la tenemos que asumir».

Presentación ante la OEA

El informe final fue presentado este 2 de marzo vía virtual a los 34 países de la OEA. Allí, cuatro de los cinco expertos independientes compartieron sus impresiones sobre el periodo analizado.

Dejaron en claro que hubo «masacres» en Sacaba y Senkata, que costaron la vida a decenas de civiles. En ese momento, militares y policías operaron al amparo del decreto 4078, firmado por Áñez y su gabinete, según el cual la justicia ordinaria no iba a castigarlos por los crímenes que cometieran contra el pueblo boliviano. //Sputniknews

Red Patria Nueva 2022
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