Buscan reformar DDRR que tiene varias denuncias de coimas y archivos que se volvieron guarida de vectores

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Tratos con loteadores, trámites que se prolongan por meses y montañas de archivos que se convirtieron en guarida de vectores, son algunas de las denuncias en contra de las oficinas de Derechos Reales (DDRR) a escala nacional y que urgen el tratamiento del Anteproyecto de Ley de Servicio Plurinacional de Derechos Reales, impulsado por el Viceministerio de Defensa del Consumidor.

Y es que DDRR se rige con una normativa aprobada en 1887, por lo que sus reglamentos son obsoletos para la época actual y convirtieron, a esta institución, en “una entidad recaudadora de dinero para sus funcionarios y no para el Estado”, según explicó el viceministro Jorge Silva, en una entrevista con Red Patria Nueva.

“Debido a un diagnóstico y recogiendo las quejas y denuncias con relación a una actividad que está realizando Derechos Reales, se ha trabajado en una propuesta para cambiar este sistema actual, que está dando lugar a este tipo de quejas y denuncias a lo largo y ancho del país. Varios funcionarios no están cumpliendo con dar servicio a la población, sino que están convirtiendo a Derechos Reales en una institución recaudadora producto de las coimas que se da a veces”, dijo.

Silva develó que hasta su oficina llegaron varias denuncias acerca de un trabajo coordinado entre loteadores y funcionarios de alto rango, para facilitar la entrega de folios reales, afectando propiedades anteriormente registradas o incluso parques o áreas verdes.

Asimismo, afirmó que cada vez son recurrentes las denuncias de dos hasta 19 propietarios de un mismo predio, con un mismo folio. “En Santa Cruz, hay 19 propietarios sobre un mismo predio, con un mismo folio, organizaciones que llegan a 2.500 familias donde se están disputando terrenos de diferentes inmobiliarias. Este es otro factor que se tiene que atender y el propósito del anteproyecto de ley es solucionar estos problemas”, afirmó.

Reformular el diseño institucional también es otro de los desafíos de esta propuesta de normativa. Según Silva, los sueldos en DDRR son bajos, pero que aun así muchas personas incluso pagan para ser contratados. “Falta un reglamento de selección de personal. Hoy una gran mayoría son amigos que tienen el control o porque ha pagado para entrar a esta institución. Muchos quieren trabajar en Derechos Reales porque si bien hay bajos sueldos, extorsionan a los propietarios, a los tramitadores, porque cobran de acuerdo a los trámites que se vayan a realiza”, sostuvo.

Acerca del sistema con el que se manejan los documentos, el viceministro afirmó que urge una digitalización debido a que se verificó que en cada oficina hay “montañas de archivos que son presa de los ratones y por eso es que cuando uno busca un certificado, tarda meses” en culminar algún trámite.

“Se tiene que adecuar los servicios a la tecnología, tal como sucede en el exterior donde el servicio de inscripción de bienes inmuebles se brinda a partir de la tecnología. Esto dependerá mucho del sistema tecnológico para que la gente no vaya a hacer filas y ya no tenga que sobornar, para que ya no se arriesgue a que le robe. Sino hacerlo desde el celular y reducir tiempos de hasta 24 o 48 horas en un trámite”, indicó.

Derechos Reales basa sus funciones en una norma aprobada en 1887, durante el periodo del expresidente Gregorio Pacheco. Con el anteproyecto de Ley impulsado por el Viceministerio de Defensa del Consumidor, esta institución se adecuará a lo establecido en la Constitución Política del Estado vigente, aprobada en 2009.

ecl/rpn

Red Patria Nueva 2022
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