CLAJUD INSTA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A APOYAR EL PROCESO DE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA EN BOLIVIA

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El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) denunció la abrupta y violenta interrupción del orden constitucional de Bolivia el año 2019, un golpe de Estado realizado con la interferencia de la OEA, bajo la dirección de su Secretario General Luis Almagro, una ruptura fuera de todo orden constitucional, que llevó al Estado Plurinacional a una crisis política, social, económica y de derechos humanos sin precedentes.

Luego de las Elecciones Generales de 2020 se restableció la legalidad y la legitimidad de los poderes públicos, a través de los cuales el Estado tiene la obligación de investigar los hechos y sancionarlos si corresponde, siendo la justicia boliviana la única facultada de hacerlo en el marco de un debido proceso que garantice a los imputados la amplia defensa.

Varios informes demostraron los hechos extremadamente graves de vulneración de los derechos humanos que se sucedieron: (1) el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); (2) el informe “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019” de la Defensoría del Pueblo; y en especial (3) el Informe Final “sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019” del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la OEA, conformada por 5 expertos independientes.

En todos los documentos informativos se evidenciaron las graves vulneraciones de derechos ocurridos a partir de la irregular “autoproclamación” de la señora Jeanine Áñez como presidenta ante un Parlamento prácticamente vacío.

La justicia boliviana inició el juicio oral contra los autores de estos hechos con el objetivo de hacer conocer la verdad sobre los desafortunados acontecimientos del 2019, conforme a la Constitución Política del Estado boliviano y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Este consejo manifiesta su preocupación ante los pronunciamientos de sectores que cuestionan la supuesta falta de independencia de la justicia, aludiendo que se trataría de una venganza o incluso de un caso de persecución política, dejando en estado de indefensión a las múltiples víctimas.

El CLAJUD insta a la comunidad internacional a apoyar el proceso de memoria, verdad y justicia en Bolivia, bajo los principios de autodeterminación, debido proceso y no interferencia en asuntos internos.

Adoración Guamán Hernández, jurista – ECUADOR/ESPAÑA

Aloizio Mercadante, economista – BRASIL

Baltazar Garzón, jurista – ESPAÑA

Carol Proner, jurista – BRASIL

Damian Loreti, abogado – ARGENTINA

Eli Gomez Alcorta, abogada – ARGENTINA

Emilio Camacho, jurista – PARAGUAY

Enrique Santiago, político y abogado – ESPAÑA

Ernesto Samper, abogado, político y economista– COLÔMBIA

Gisele Cittadino, jurista – BRASIL

Gisele Ricobom, abogada – BRASIL

José Eduardo Cardozo, abogado – BRASIL

Juan Martín Mena, abogado – ARGENTINA

Juárez Tavares, abogado – BRASIL

Marco Enríquez-Ominami, cineasta y político – CHILE

Pedro Serrano, abogado – BRASIL.

Roberto Manuel Carlés, abogado – ARGENTINA

Gerardo Pisarello, político y jurista – ESPAÑA

Alfredo Beltrán Sierra, abogado – COLOMBIA

Charlotth Back, jurista – BRASIL

Guillaume Long, historiador y politólogo – ECUADOR

Harold Correa, abogado y consultor– CHILE

Jaime Quiroga Carvajal, abogado – BOLÍVIA

Larissa Ramina, abogada – BRASIL

María José Fariñas Dulce, jurista y profesora– ESPAÑA

Claudio Nash, abogado y consultor– CHILE

Silvina Romano, historiadora y comunicadora social – ARGENTINA

Esther Burgos, abogada – MÉXICO

Lina Mejía Torres, abogada- COLOMBIA

Virgilio Hernández- ECUADOR

Guillermo Puyana – COLOMBIA

Esther Burgos – MÉXICO

Red Patria Nueva 2022
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