Comisión legislativa constata que incendios en Santa Cruz fueron sofocados

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Parlamentarios también plantean modificar la Ley 602 porque dificulta la atención inmediata de los afectados por las quemas.

Tras el sobrevuelo que realizó recientemente la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente en el oriente boliviano, el presidente de la instancia legislativa, diputado Héctor Arce (MAS), informó que no existen incendios activos en los municipios de Roboré, Puerto Suárez Arana, la reserva natural de Tucabaca y las comunidades de Naranjos y Chochis.

“Del sobrevuelvo que hemos realizado, no hemos visto incendios en este sector; sin embargo, se tienen (quemas) en el sector de San Matías y un pequeño sector de Roboré, es decir, no es como muestran los medios de comunicación, porque hubo un trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional, la Gobernación y los municipios”, explicó el legislador.

Asimismo, el parlamentario planteó la necesidad de modificar la Ley 602 de Gestión de Riesgos, toda vez que se trata de una norma “muy burocrática” que dificulta la atención inmediata de los afectados por los incendios.

“Hay que modificar la Ley 602 de Gestión de Riesgos, esta norma es muy burocrática, primero se declara en emergencia el municipio, luego la gobernación, luego recién interviene el Gobierno Nacional. Necesitamos una norma que de agilidad a los procesos de contratación para la atención inmediata a los damnificados”, sustentó.

Arce también planteó la necesidad de endurecer las sanciones en el Código Penal para quienes provocan las quemas, de modo que se pueda sentar un precedente con el fin de prevenir las mismas situaciones de emergencia ambiental cada año.

“Hay cárcel de 2 a 6 años, pero hasta la fecha no hay gente en la cárcel por haber provocado incendios de gran magnitud, porque se acogen a procesos abreviados y pagan; por tanto, tenemos que modificar el Código Penal. El costo es de 0.2 dólares, es decir 1,5 bolivianas por hectárea quemada, por tanto, no hay una sanción dura para este sector”, consideró Arce.

Finalmente, indicó que es la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), la instancia que puede autorizar el desmonte y la quema controlada, no obstante, se han registrados incendios en comunidades indígenas campesinas y en propiedades que se dedican a la producción agropecuaria.

Red Central/rpn

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