DE OPINOLOGÍA MEDIÁTICA Y OTRAS ARTES OCULTAS

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Por Mike Gemio

En las últimas semanas, medios de comunicación han llevado al extremo la capacidad creativa de sus escribanos en economía, mostrando que cualquier espectro que se tenga es bueno para poder demostrar que el Gobierno viene haciendo las cosas medianamente mal. Han traspasado los límites de fantasía generando una serie de artículos de opinión en base a lo que para ellos es la muestra clara del debilitamiento del modelo económico, plantado sobre un hipotético grupo de medidas que habría sido encontrado escudriñando las hojas recicladas de alguna instalación gubernamental y, pese a los intentos, no han podido explicar cuál de los papeleros habría sido el revisado.

No ha faltado el criterioso que con orgullo desmedido ha dicho que la información se encuentra “circulando en redes”; un supuesto impuesto al salario, cobros nuevos para empresas públicas y otros cuentos de terror han sido la base de opiniones que no han hecho más que demostrar lo empobrecido de la sustentación técnica de la que hacen gala al escribir un artículo que habla de la economía de un país.

Entrando en terreno serio, el Gobierno reforzó su eslogan sobre el resurgimiento de la economía boliviana, desde varios flancos que se muestran mucho más sólidos, empezando por el reporte que se ha presentado sobre la solidez del sistema financiero, donde resaltan datos como el 6,5% de crecimiento de la cartera de créditos respecto a marzo de 2021, un crecimiento de 81% de las utilidades de las entidades financieras y la creación de más de 1 millón de cuentas nuevas de ahorro, logrando que el monto que tienen los ahorristas en Bolivia sea mayor a marzo del año pasado en un 8%.

El segundo elemento que pone en claro el mejoramiento del contexto económico en nuestro país ha sido la promulgación del Decreto Supremo 4716, donde se determina que las utilidades de la Gestora Publica de Seguridad Social de Largo Plazo sean también una fuente de recursos que cubra la Renta Dignidad, esto por dos sencillas razones, la primera es que la gestora es la instancia encargada de este pago y, por ende, tiene que velar por la sostenibilidad de lo que hasta ahora ha sido el mecanismo con el cual ha venido generando valor público. Por otro lado, y no menos obvio, está el hecho de que la gestora para 2021, conforme los estados financieros que han sido publicados, ha registrado un superávit de más de Bs 7,8 millones; es irrebatible que parte de estas utilidades puedan ir a reforzar el pago en cuestión y que el Gobierno disponga que uno de los usos que se pueda dar a estas ganancias esté relacionado con la sustantividad de la gestora.

Es necesario hacer mención de que las empresas públicas sufrieron un golpe certero que buscó la inestabilidad en su funcionamiento, no es secreto para nadie que el gobierno de Áñez hizo hasta lo imposible para que las empresas que tienen como propietarios a todos los bolivianos, terminaran desapareciendo para que sus pares privados lograran tener mejores utilidades; falta ver cómo para el servicio de transporte aéreo, donde se tiene como prestador de servicio a BoA, en aquellos tiempos se empezó a cerrar rutas, disminuyó la cantidad de vuelos que se tenía a los destinos de mayor frecuencia, todo a la cabeza de los administradores de la competencia; increíblemente Áñez había nombrado como autoridades de BoA a personeros de Amaszonas, empresa competidora de la estatal.

En 2020, las empresas públicas, de manera agregada, presentaron un déficit de Bs 757 millones, dejando en estado crítico a muchas de ellas; para 2021, presentaron utilidades por Bs 2.873 millones, lo cual ha demostrado plenamente la capacidad del modelo para reabsorber errores generados y plantear soluciones a problemas de orden estratégico y operativo.

Por otro lado, el enunciado de que las empresas públicas no pueden ser instancias que generan una buena administración y, por ende, utilidades, ha sido echado por tierra con los números presentados por el Gobierno, ya que sus ganancias no solo sostienen parte de la Renta Dignidad, sino que hacen lo mismo para el Bono Juancito Pinto y el Bono Juana Azurduy; ejercicios de política pública que, vía evaluaciones de impacto, han quedado como herramientas efectivas que atacan a problemas de orden social como la deserción escolar, el parto asistido y la mejora de calidad de vida de diferentes estratos de la sociedad boliviana. (Fuente Periódico La Razón)

Mike Gemio es economista.

Red Patria Nueva 2022
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