Defensoría exige sanciones legales y administrativas en el caso de la menor de 11 años que está embarazada

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El caso de la menor de 11 años que fue ultrajada y embarazada, y que no se sometió a aborto por presiones de grupos religiosos y negligencia de servidores públicos, implica una grave violación de derechos humanos, y puede considerarse también como tortura, consideró la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

En este sentido, la autoridad exigió acciones legales en contra de los responsables, en procura de sanciones no solo administrativas, sino también de orden penal.

“Vamos a generar no solamente una incidencia legal, una incidencia de apertura para que este hecho no se vuelva a repetir, a través de disposiciones afirmativas; pero también a través de procesos sancionatorios”, informó a Bolivia TV.

Cruz criticó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní, municipio de Santa Cruz donde ocurrió la violación, y dijo que lo que ha pasado demuestra la forma cómo algunos servidores públicos anteponen temas personales por encima de la defensa de los derechos.

“Esto debe ser sancionado no solo administrativamente, porque en este caso estamos hablando de la afectación de la vida de una menor, de un caso de tortura, y esto debe ir ante un proceso penal por incumplimiento de deberes y otras figuras legales que se hubiesen podido constituir”, aseguró.

En el caso de los grupos religiosos que ejercieron presión, la defensora del Pueblo recordó que “su autorización para funcionar en el país no está relacionada a limitar el ejercicio de derechos de las personas”.

Red central/rpn

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