Falta de prevención, atención y retardación de justicia evitan erradicar la violencia contra la mujer

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La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani (foto),subrayó que la falta de prevención, atención y retardación de justicia impiden contrarrestar el alto índice de violencia hacia las mujeres, de acuerdo a lo señalado por la población y las organizaciones que participaron del proceso de modificación de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, 348.

“Se ha identificado que la falta de prevención, de atención oportuna ante las denuncias y la retardación de justicia son el común denominador para no lograr erradicar la violencia contra las mujeres desde la raíz. En ese sentido, durante los foros, las mujeres han pedido una acción directa de todas las entidades del Estado, mayor presupuesto y que los procesos sean más rápidos y transparentes, además de capacitaciones permanentes a quienes atienden estos casos”, indicó la Viceministra.

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora promulgó en noviembre de 2020 el Decreto Supremo 4399 que estableció la necesidad de modificar la Ley 348 y diseñar mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia hacia la mujer.

En ese entendido el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne en diciembre instruyó dar inicio al proceso nacional de recolección de observaciones y sugerencias desde diversos sectores, la sistematización de las mismas, y posteriormente la validación y redacción de la propuesta modificatoria; proceso que se encuentra en la recta final.

“La sociedad no es estática, está en constante cambio, por tanto las normas deben ser reformadas, por eso se determinó impulsar el proceso de modificación con un carácter participativo, con todas y todos. Realizar una modificación a la ley con todos los ajustes que se requería recoger desde la población, ha sido un arduo trabajo pero necesario, las leyes ya no se construyen en los escritorios, sino de la mano del pueblo”, explicó Huacani.

La Viceministra recordó que la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, promulgada por el expresidente Evo Morales en marzo de 2013, fue objeto de elogios, debido a que logró sacar la problemática de la violencia contra las mujeres, de una esfera privada a una pública, al establecer la tipificación de diversos delitos entre ellos el feminicidio con la pena máxima de privación de libertad de 30 años y otras determinaciones normativas importantes.

“Ninguna organización social o de sociedad civil indicó que la Ley 348 haya sido un retroceso, por el contrario, muchas organizaciones nacionales y de la región destacan que esta normativa ha sido un avance significativo para las mujeres porque se ha logrado mostrar la violencia contra las mujeres en el escenario público y la tipificación de la violencia hacia la mujer”, expresó.

Sin embargo a ocho años de vigencia de la Ley 348, se vio la necesidad de abrir su texto debido a algunas falencias operativas y vacíos legales identificados, para contribuir con aportes construidos desde las bases, junto a organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de víctimas de violencia y de familiares de víctimas de feminicidio, operadoras y operadores de justicia, servidoras y servidores públicos, entre otros actores.

Con ese objetivo se desarrolló un diagnóstico situacional que determinó la necesidad de incrementar acciones de prevención, desde la familia, la comunidad, la esfera educativa, los medios de comunicación y otras instancias; así como la de ajustar los mecanismos de acción del primer eslabón de recepción de denuncias como es la Policía Boliviana, los SLIM dependientes de los gobiernos municipales y las instancias dependientes de los gobiernos departamentales.

“La población señala que la prevención debe darse desde la sociedad, ámbito familiar, educativo y otras instancias como la Policía, alcaldías, gobernaciones y Gobierno nacional. La gente sabe que hay que prevenir antes que lamentar”, expresó la Viceministra.

Respecto al trabajo del Ministerio Público y del Órgano Judicial, el diagnóstico denotó la cantidad insuficiente de efectivos policiales, fiscales, y juezas y jueces; los Juzgados Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer se encuentran saturados, hecho que genera indefensión, mora procesal e impunidad.

Durante las jornadas de recolección de propuestas se rescataron otros elementos relevantes, como la necesidad de incorporar nuevos tipos penales referidos a la violencia y acoso digital, la violencia obstétrica, entre otras que en 2013 no habían sido identificadas y generaban un vacío al momento de abrir procesos, investigaciones y emitir sentencias.

Con las propuestas plasmadas en 10 ejes temáticos para la modificación y el diagnóstico, se retornó a las regiones para validar los insumos. La autoridad explicó que tras ese proceso, se trabajó en la redacción en términos legales de las propuestas modificatorias traducidas en un proyecto de ley que próximamente será entregado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La modificación de Ley 348 es parte de la reforma de la justicia impulsada desde noviembre de 2020.

Red Central/rpn

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