GIEI confirma que no hubo enfrentamiento en Sacaba

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En presencia de autoridades nacionales y locales, en Sacaba (Cochabamba), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó, este jueves 19 de agosto, el informe final sobre las vulneraciones a los Derechos Humanos entre septiembre y diciembre de 2019.

El 15 de noviembre de aquel año, al menos 10 civiles perdieron la vida y casi un centenar resultaron heridos en la masacre de Sacaba. «Me han arrebatado a mi hermano y han humillado a mi madre por ser de pollera, le han fracturado el brazo. Desde el 15 de noviembre de 2019 hasta la fecha, como familia buscamos familia. Tengo mucha rabia e impotencia porque este gobierno de facto ha destruido a mi familia. Yo quiero que esos culpables como Jeanine Añez, un año y nueve meses sin justicia, mi hermano de 25 años no era un terrorista ni narcotraficante», dijo Angélica Calle, familiar de Omar Calle, una de las víctimas fatales.

La presentación del informe se realizó en el puente Huayllani, escenario de los hechos de violencia y violaciones a los DDHH en noviembre del 2019. «Es tan lamentable oír todo lo que ha pasado, ahora estamos con este informe elaborado por ocho meses y que tiene muchos datos (…) Este GIEI sugiere y plantea un plan de reparación para todas las víctimas, son 38 recomendaciones y esperamos que todos mantengan una mirada vigilante para que se cumplan las recomendaciones y no tengamos más hechos de violencia en el futuro», dijo Patricia Tappatá, expertas del GIEI.

Por su parte, Juan Méndez, también integrante del Grupo de Expertos relató que «Cochabamba, Sacaba y Huayllani tiene muchas páginas en el informe» con el fin de detallar la persecución que el pueblo vivió por parte del militares, policías y grupos paramilitares en un intento de acallar su demanda de respeto a la democracia.

«La investigación verificó que las tropas de las fuerzas armadas se encontraban fuertemente armadas, producto de los disparos nueve personas fallecieron y una décima quedó con graves heridas que provocaron su muerte en junio del año siguiente. Por lo menos otras 98 personas resultaron heridas. El GIEI no encontró pruebas de que los manifestantes usaran armas de fuego o que amenazaban la vida de otros manifestantes o efectivos. No hubo informe de lesiones graves a ningún miembro de las fuerzas armadas o policía», detalló Méndez.

El grupo de expertos también destacó que se evidenció que los uniformados usaron armas de fuego de 9mm, balines de goma disparados a una alta velocidad, que fueron determinantes para masacrar al pueblo movilizado.

«A partir de la información recabada, el GIEI señala que hubo un uso desproporcionado de la fuerza, por parte de militares y policías, que condujo a la pérdida de vida y graves lesiones a los manifestantes. La policía y militares fueron responsables por graves violaciones a los Derechos Humanos, en Sacaba el 15 de noviembre de 2019. Las fuerzas estatales actuaron en contra de su papel de proteger a la gente, asimismo, el Estado no debía intervenir una marcha pacífica, la gasificación fue innecesaria y desproporcionada, el operativo policial no fue una reacción a una agresión, sino una demostración de fuerza para deshacer la manifestación. Asimismo, los gases lacrimógenos fueron lanzados a corta distancia y hacia los cuerpos sin considerar que había niños, mujeres y ancianos, en este sentido se puede calificar la acción de la fuerza pública como ejecuciones sumarias», afirmó Méndez al leer una parte de las investigaciones de la masacre de Sacaba.

ecl/rpn

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