GIEI establece responsabilidad de cívicos y policías en los hechos violentos en Montero

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Provocaciones de cívicos y represiones de policías y militares, son dos de las conclusiones que el GIEI determinó de su investigación sobre la vulneración de Derechos Humanos en el barrio Cofadena, en Montero, entre octubre y noviembre del 2019, donde Mario Salvatierra, Marcelo Terrazas y Ariel Calizaya perdieron la vida, a consecuencia de las agresiones por parte del Comité Cívico y la intervención de la Policía y Fuerzas Armadas.

En una explicación cronológica de los hechos, Juan Méndez, experto del GIEI, contó que los momentos más álgidos se dieron entre el 24 de octubre y el 13 de noviembre de esa gestión.

«Cofadena es un barrio de trabajadores limitado por dos ríos y áreas deshabitadas. Viven cerca de 4.000 personas, 870 familias, en su mayoría humildes. El 24 de octubre, anunciaron una movilización en defensa de la democracia y una resistencia a los cívicos, quienes con gritos como ‘con collas de mierda los vamos a matar’ comenzaron una confrontación», mencionó el experto.

Méndez aseguró que del 29 al 31 de octubre la situación fue más crítica con enfrentamientos en el puente de la Amistad, donde los pobladores fueron cercados por 300 a 400 cívicos. 

«Cuatro personas resultaron heridas con perdigones, un quinto recibió un perdigón en la cabeza. También tres testigos fueron heridos. Los cívicos organizaron un cerco, y en Cofadena, los mayores fueron llevados al Cañaveral para resguárdalos. El paro afectaba a los moradores de Cofadena, quienes reaccionaron a la medida implementada. Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas fallecieron y se mantuvo el bloqueo, la policía no actuaba», relató.

En los diferentes encuentros entre ambos bandos, el GIEI identificó que los cívicos saquearon casas y persiguieron a los médicos que brindaban atención médica a sus contrarios. De igual manera, denunció que las investigaciones de la policía y administradores de justicia se concentró en buscar pruebas de que los pobladores estaban armados, situación que no se comprobó.

«El GIEI advierte que, en estos hechos, el Estado es responsable de la impunidad, del uso arbitrario de la justicia para perseguir a los profesionales de la salud y de las detenciones ilegales», denunció Méndez.

En noviembre, según el experto, los grupos cívicos pidieron la renuncia del Alcalde de Montero, por ser del Movimiento al Socialismo (MAS). En esta protesta salieron los policías y ejército, en operativo conjunto, pero solo para alejar a quienes defendían al burgomaestre. En esta intervención, falleció Ariel Calizaya por el impacto de una bala, otra persona identificada como Roberto también fue herido por un disparo pese a que solo intentaba brindar atención al joven de 19 de años.

«El GIEI establece que es determinante que los disparos se dieron a las 14:22 horas. La prensa y Defensoría informaron que Calisaya fue trasladado a un hospital donde ingresó sin signos vitales y la causa de la muerte fue trauma torácico penetrante por arma de fuego y hemorragia interna. Ariel falleció el 13 de noviembre de 2019 producto de la represión de los militares y policías, era maestro metalúrgico. En 2019 se trasladó a Montero donde consiguió trabajo en una construcción», informó.

ecl/rpn

Red Patria Nueva 2022
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