GIEI remarca que mensajes de odio de dirigentes cívicos aumentaron la violencia racista y discriminatoria en 2019

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El capítulo 4 del informe del GIEI, titulado “Situaciones estructurales para la protección de derechos humanos y estabilidad democrática”, confirma el racismo y desprecio a los símbolos indígenas durante los hechos de violencia del 2019 que derivó en la instalación del gobierno de facto.

Estas acciones de intolerancia se dan en las intervenciones de las fuerzas armadas y grupos parapoliciales en los puntos de bloqueo, instalados especialmente por mujeres de pollera quienes exigían respeto a la democracia. Por esta demanda, ellas fueron insultadas y sufrieron todo tipo de actos racistas y discriminatorios.

Asimismo, el informe del GIEI destaca las publicaciones incendiarias del entonces dirigente cívico, Luis Fernando Camacho alentando el desprecio a un gobierno democráticamente electo.

«¡Dios volvió al palacio y 15 minutos después empezaron las renuncias de todos los delincuentes de este país! ¡A quienes no creyeron en esta mucha [sic], les digo que Dios existe y ahora va a gobernar Bolivia para todos los bolivianos! Mañana iniciamos procesos a los senadores, diputados, ministros, viceministros y todos los que humillaron a nuestro pueblo… no es odio ni venganza, ¡es justicia! ¡Dios bendiga Bolivia! ¡Dios bendiga nuestra juventud!”, fue el mensaje del actual gobernador de Santa Cruz.

El informe menciona que este tipo de mensajes generaron actos de desprecio y repudio a la identidad indígena nacional, representada en esos momentos por la Wiphala, por parte de policía amotinada y grupos parapoliciales.“Apenas después de la entrada de Camacho, León y Pumari con la biblia al Palacio Quemado, un policía encapuchado y un civil bajaron la Wiphala del mástil de la Asamblea Legislativa Plurinacional y del Palacio de Gobierno.

En Santa Cruz, Cochabamba y La Paz se registraron actos públicos de quema de la Wiphala y los elementos policiales la arrancaron de sus uniformes. La confluencia del motín policial, la renuncia del presidente y la actitud anti indigenista de los movimientos de oposición agravaron la inestabilidad, la violencia y la zozobra que caracterizaban esos días. En particular, generaron indignación en las personas de identidad indígena, originaria, campesina y comunitaria”, describe el estudio.

En este sentido, el GIEI resalta que las continuas vulneraciones a los DDHH y la persecución judicial a cientos de personas tuvieron un componente racista. El informe describe que “fue evidente que el comportamiento del personal policial y médico estaba fuertemente sesgado por criterios raciales y étnicos. Estos hechos representan un riesgo, ya que facilitan prácticas discrecionales que permiten que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley dirijan selectivamente sus actuaciones hacia grupos o personas fundadas en el color de su piel, en rasgos particulares o en la vestimenta».

Asimismo, se destaca “el uso de perfiles que se basan en fenotipo o ideología política estigmatizaron y se constituyeron en presunción de culpabilidad contra toda persona que encajara en los mismos. De esta forma, la Fiscalía y la policía responsable de los actos de detención omitieron la evaluación de los elementos que indicaran la relación de las personas con la comisión de un delito o que requería atención médica.

cu/rpn

Red Patria Nueva 2022
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