Justicia expone nuevas mentiras en el caso Pumari

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La oposición hace circular mentiras respecto a la aprehensión y posterior detención del cívico Marco Pumari en la ciudad de Potosí el pasado jueves, con acusaciones por intervención ilegal y tortura hasta desaparición forzada que a la fecha han sido desvirtuadas por los hechos.

Mentira 1

La senadora de Creemos, Centa Rek señaló sin pruebas que Pumari había sido torturado; sin embargo se demostró que nunca hubo tortura, ni estuvo incomunicado, por el contrario, fue asistido por abogados de defensa pública, además de personal de salud y mantuvo contacto con la prensa. 

El certificado forense de fecha 10 de diciembre, emitido y firmado por médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y recibido por la Fiscal de Materia III Odalys Serrano de la Fiscalía Departamental de Potosí, evidencia que: “1. Examinado hemodinámicamente establece a la valoración médica forense actual; 2. Hipertensión arterial grado 1 sin tratamiento médico; 3. Sin evidencia de lesiones traumáticas a nivel corporal”.

De igual manera, el director Nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias negó que se hubiera realizado algún tipo de tortura o violencia al interior de recinto penitenciario. Inclusive el Señor Pumari fue entrevistado en vivo por diversos medios de comunicación e hizo conocer una carta, y en ningún caso denunció haber sido torturado. 

La senadora de Creemos, Centa Rek señaló sin pruebas que Pumari había sido torturado.

Mentira 2

El excandidato a diputado de Jeanine Anez, Williams Bascopé denunció presuntos actos abusivos  y allanamientos, cuando el señor Pumari fue aprehendido el jueves 9 de diciembre a las 22:00 en la avenida Murillo de la ciudad de Potosí por la Policía Boliviana en cumplimiento de un mandamiento de aprehensión firmado y emitido por autoridad competente.

Esta acción de cumplimiento de la ley se ejecutó con pleno respeto a las reglas del debido proceso reconocido en la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Penal.

El artículo 119 de dicho Código, establece: «El juez o tribunal podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional». El juez natural del Caso Pumari, Juzgado de Instrucción en lo Penal Primero de Potosí realizó la audiencia en Llallagua con apego a la ley.

El viernes 10 de diciembre se notificó legalmente a Marco Pumari en Betanzos con la orden de aprehensión conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal y control judicial. En todo momento mantuvo contacto con su esposa y su abogado de Defensa Publica, conforme al debido proceso.

Mentira 3

Se desvirtuó que el cívico hubiera estado desaparecido.  Su abogado de Defensa Publica lo asistió en todo momento para que esté comunicado con su familia.

Asimismo la diputada por Comunidad Ciudadana, Lisa Claros, la esposa del Señor Pumari y sus abogados particulares lo acompañan y participaron de la audiencia.

El día 11 de diciembre a las 08:25 se presentó la imputación formal en el caso NUREJ 5058048 y Pumari se acogió al silencio y no declaró.

El informe forense señaló que Pumari contaba con una buena salud y no mostraba signos de violencia.

CASO PUMARI

El Señor Pumari es acusado de haber cometido delitos electorales tipificados en la Ley 026 de 30 de junio de 2010.

De acuerdo con testimonios de al menos nueve personas, Pumari en su condición de presidente de COMCIPO, encabezó los actos de violencia, amedrentamiento, allanamiento, agresión física, hostigamiento y destrucción de bienes públicos que derivaron en el incendio del Tribunal Electoral Departamental de Potosí y la suspensión del proceso electoral en su fase decisiva de cómputo de votos durante las movilizaciones políticas del 20 de octubre de 2019.

Según esos testimonios, Pumari perpetró esos delitos en compañía de Juan Carlos Manuel y Ramiro Subia.

Varios medios de comunicación registraron y difundieron videos en los que se verifica la participación de Pumari en estos hechos delictivos.

El Informe Defensorial denominado Crisis de Estado certifica en su página 30 que un “grupo de personas cercó con fogatas” los alrededores del Tribunal Electoral Departamental y “se pudo advertir que dos personas tuvieron que saltar del segundo piso para salvar la vida”.

Esos hechos además fueron registrados en materiales audiovisuales que demostraron que dos personas tuvieron que saltar de pisos elevados del TED Potosí en resguardo de su integridad.

El artículo 238 de la Ley 026 correspondiente a Delitos Electorales, establece en su inciso h): “Obstaculización de procesos electorales. La persona que promueva desórdenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realización o desarrollo de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato, o que evite que las autoridades y sujetos electorales ejerzan sus atribuciones y derechos en un determinado espacio territorial del país, será sancionada con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años”.

La investigación por este caso fue realizada desde fines de 2019 y cuenta con abundantes elementos probatorios plasmados en un proceso de ocho cuerpos. //Ministerio de Justicia

Red Patria Nueva 2022
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