La reforma judicial pisa el acelerador y avanza a paso firme

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El gobierno tiene el compromiso de actuar con hechos y acciones estratégicas para el bienestar integral del país. 

Para cumplir el mandato del presidente Luis Arce Catacora de reformar la justicia, en noviembre de 2020 el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne anunció el inicio del proceso que se fundamenta en pilares estratégicos que se traducen en un paquete normativo que en algunos casos ya se encuentra en vigencia y en otros en proceso de aprobación. 

“La reforma judicial es una prioridad en el Estado Plurinacional de Bolivia”, dijo Lima a tiempo de confirmar que “el Gobierno nacional tiene el compromiso para actuar con hechos y acciones estratégicas” acompañadas de un compromiso nacional para el bienestar integral del país. 

La autoridad agregó que la transformación de la justicia “es una necesidad del pueblo boliviano”.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomendó trabajar en reformas al sistema judicial, las mismas que se encuentran en ejecución desde noviembre pasado y seguirán su curso con acciones previstas a corto, mediano y largo plazo. 

“El plan estratégico de reforma judicial se cumple con importantes avances, ahora vamos a pisar el acelerador para cumplir con las recomendaciones del GIEI”, sostuvo la autoridad.

Pilares de la reforma judicial

El programa de la reforma judicial fue formulado por esta cartera de Estado y contempla los siguientes ejes estratégicos:

1. Balanceo del conflicto, que consiste en la distribución uniforme y estratégica de jueces en el país, de acuerdo a la cantidad de población y materia judicial, basado en criterios de equidad, y con el propósito de alcanzar estándares internacionales.

2. Sistema de acceso a la justicia, a fin de promover que toda la población -especialmente aquella en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos-, acceda a la justicia en igualdad de condiciones, con eficiencia en la administración de justicia, desarrollo de normas, estrategias y mecanismos para el acceso oportuno e igualitario, y el fomento de los medios alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación y arbitraje.

3. Independencia judicial, a través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos, transparentes, descolonizadores, despatriarcalizadores y plurales para la designación, capacitación permanente, evaluación de desempeño y aplicación del régimen disciplinario para autoridades del Órgano Judicial y Ministerio Público. 

4. Soluciones TIC, con la transformación digital del modelo de gestión judicial boliviano a través del uso intensivo de plataformas informáticas interoperables, sistemas expertos e inteligencia artificial, además de la implementación del sistema informático integral de acceso a la justicia para los servicios que brinda este Ministerio y sus entidades descentralizadas.

5. Desarrollo normativo para la reforma, a través de la implementación de políticas públicas y normativa para la reforma del sistema de justicia, acceso a la justicia, métodos alternativos de solución de conflictos, derechos fundamentales, entre otras, en coordinación con todos los niveles del Estado y sociedad civil.

“Todos estos esfuerzos estarán orientados a revertir los problemas centrales de la justicia, como la retardación que afecta a más de 300.000 familias”, indicó el ministro Lima.

Paquete normativo en vigencia y en ejecución

La reforma judicial está sustentada por un paquete de construcción y modificación de leyes orientadas a superar los actuales cuellos de botella detectados en la administración de justicia, que generan mora procesal y corrupción.

•               Entre ellas se cuenta con la modificación al Código Niño Niña Adolescente para procesos de adopción ágiles y seguros, promulgada mediante ley en abril de este año. La norma de abreviación procesal está orientada a facilitar la adopción de al menos 5.678 niñas, niños y adolescentes institucionalizados en distintos centros de acogida del país y garantiza la restitución del derecho humano a vivir en familia.

•               En febrero, el pleno de la cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó con modificaciones el proyecto de Ley de Interoperabilidad que tiene por objeto establecer un plazo para la implementación de herramientas tecnológicas al interior del Órgano Judicial con diferentes bases de datos del sistema estatal a fin de lograr una administración de justicia accesible, oportuna y de calidad; además permitirá el descongestionamiento en juzgados y evitará la aplicación de más prácticas burocráticas. 

•               Por otro lado se trabaja en la fase final de la modificación colectiva de la Ley 348 Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que fue validada a través de un proceso participativo a nivel nacional y que incorpora mecanismos para fortalecer y mejorar la prevención, atención y sanción de delitos cometidos contra las mujeres.  

•               Asimismo se construye de manera conjunta con gobiernos municipales y organizaciones sociales, el anteproyecto de Ley de Creación del Servicio Plurinacional de Derechos Reales, que sustituirá la actual ley que data de 1887 y que carece de mecanismos de transparencia y seguridad.

•               Además se promulgó la Ley de Fortalecimiento Para la Lucha Contra la Corrupción, que sanciona el prevaricato de fiscales y permite mecanismo seguros de denuncia, entre otras novedades que forman parte de la reforma judicial y la política gubernamental de cero tolerancia a la corrupción. 

Reforma judicial como proceso institucional y no como chantaje político por impunidad

El informe del GIEI estableció que durante el gobierno de facto se perpetraron masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, persecuciones y otras graves violaciones de derechos humanos y recomendó no dejar esas graves vulneraciones en la impunidad.

“Sin embargo para desviar ese tema y los juicios contra los autores de esos graves delitos, la oposición política ha desplegado una campaña de distracción. Por eso ahora pone condiciones y afirma que antes del juicio a los autores del golpe, debe haber una reforma de la justicia (concluida). En otras palabras, no quiere que las víctimas de las masacres tengan justicia”, denunció el titular de Justicia.

Red Central/rpn

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