SENTENCIA CONTRA AÑEZ DEBE SENTAR PRECEDENTE, AFIRMA SENADOR

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El pueblo boliviano espera una sentencia en el juicio Golpe de Estado II para sentar un precedente y que ningún ciudadano atente contra la democracia y un gobierno constitucional, afirmó hoy el senador William Torrez.

“Lo que el pueblo de Bolivia está esperando es que se dicte una sentencia que genere un precedente para que ningún otro boliviano atente contra la democracia, atente contra gobiernos (…) elegidos por la voluntad del pueblo”, aseguró en una entrevista al canal ATB.

Representante del Movimiento al Socialismo en la cámara alta, Torrez considera que el proceso debe dar paso al enjuiciamiento de otros operadores políticos de derecha involucrados en el golpe de Estado de noviembre de 2019.

Mencionó entre ellos a los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, al empresario Samuel Doria Medina y al actual gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El proceso en el cual la exsenadora y seis exjefes militares y policiales son procesados por lo acontecido entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019, cuando asumió inconstitucionalmente el mando del país, se reinstaló este lunes tras varias postergaciones solicitadas por la defensa.

Sin embargo, la audiencia recesó de nuevo hasta este martes a las 14:00 hora local debido a una supuesta descompensación de Áñez, quien sigue el juicio desde el reclusorio femenino de Miraflores, donde permanece detenida preventivamente desde el 21 de marzo de 2021.

El tribunal tomó esa decisión cuando la representación del Ministerio Público exponía los alegatos finales y la hija de la procesada, Carolina Ribera, informó que su madre se indispuso.

Una vez que la Fiscalía concluya hoy su presentación, corresponderá el turno a los acusadores particulares y, finalmente, a la defensa de los incriminados.

No obstante, trascendió que por solicitud de los abogados defensores los miembros del tribunal encabezado por el juez Germán Ramos se trasladarán a las cárceles de Miraflores y San Pedro para escuchar a la exsenadora y a los exmandos castrenses Flavio Arce y Pastor Mendieta, respectivamente.

Fuentes del Ministerio Público ratificaron que contra la exsenadora devenida expresidenta de facto se solicitará una sanción de 15 años de encarcelamiento por los cargos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

El abogado Alaín Canedo, en tanto, anunció que cuando se agoten los procedimientos empleados para impedir una sentencia se acudirá a instancias internacionales.

Prensa Latina

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