La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la desvinculación de 410 funcionarios tras detectar irregularidades que afectaron sus operaciones. Según la empresa, varios implicados fueron remitidos al Ministerio Público y se instalaron procesos legales, mientras el Gobierno dispuso el resguardo militar de 16 plantas de almacenaje de combustible para evitar actos de desestabilización.
El presidente de YPFB, Yussef Akly Flores, explicó que la medida busca optimizar recursos, fortalecer la transparencia y corregir irregularidades heredadas, incluyendo nepotismo y designaciones políticas vinculadas al MAS. Se investiga además un sabotaje en la calidad de la gasolina que habría ocasionado fallas en motores y bajo rendimiento, considerado parte de un plan para afectar la gestión gubernamental.
La compañía reafirmó su compromiso de recuperar la confianza de la población con una gestión técnica y ética. Entre las medidas implementadas destacan mayores controles de calidad, incorporación de aditivos en combustibles y activación del seguro solidario, acciones que buscan garantizar el suministro seguro y eficiente para los bolivianos.