La jornada de este lunes amaneció con un panorama complicado en las carreteras del país. Según el reporte oficial de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), más de 30 puntos de bloqueo interrumpen el tránsito en siete departamentos, generando un impacto directo en la movilidad y en las actividades cotidianas de miles de ciudadanos.

En La Paz se concentra la mayor cantidad de cortes, con 18 puntos de bloqueo que afectan rutas estratégicas como la carretera hacia Oruro, el acceso al lago Titicaca y el camino a Desaguadero, frontera con Perú. La situación ha provocado que el transporte público y privado quede prácticamente paralizado en varias zonas del altiplano.

Los conflictos sociales que originan estas medidas de presión están liderados por la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), que convocó a un paro nacional con bloqueos. Como consecuencia, las unidades educativas del país suspendieron clases, dejando a miles de estudiantes sin actividades escolares.

En Santa Cruz, los bloqueos se ubican en puntos clave como el tramo Ipati - Boyuibe, el sector San Julián en la ruta Cuatro Cañadas - Puente San Pablo, y el puente Abapó en la carretera hacia el Chaco. También se reportan cierres en Montero, Santa Rosa de La Roca y San Ignacio de Velasco, afectando la conexión con el oriente y la frontera brasileña.

Otros departamentos también sufren interrupciones: tres puntos en Beni, cuatro en Oruro, uno en Potosí, uno en Chuquisaca y uno en Cochabamba (Villa Tunari). En todos los casos, las movilizaciones campesinas se suman a las protestas del sector educativo, ampliando el alcance de los bloqueos.

La tensión social se refleja en la magnitud de las medidas de presión, que no solo afectan el transporte, sino también el comercio y el abastecimiento de productos básicos. El Gobierno aún no ha anunciado una solución inmediata, mientras los sectores movilizados mantienen firme su postura de continuar con los bloqueos hasta lograr respuestas a sus demandas.

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El Gobierno nacional presentó este jueves el proyecto de Ley de Electricidad y Energías Renovables, con el objetivo de modernizar el sistema eléctrico, incorporar energías limpias y abrir el mercado a la participación del sector privado. La iniciativa forma parte de las leyes estructurales de la administración de Rodrigo Paz para atraer inversión y garantizar el suministro energético a largo plazo.

“Con esta nueva ley pasamos de un mercado controlado prácticamente por el Estado a un mercado competitivo y sobre todo dando el rol que le corresponde al sector privado”, afirmó el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, durante la presentación oficial.

La norma inició su trámite con la remisión al Ministerio de la Presidencia, donde se realizará un proceso técnico y jurídico de unos 15 días antes de su envío a la Asamblea Legislativa. En paralelo, se prevé una socialización con actores del sector eléctrico y representantes de la sociedad civil para recoger aportes y observaciones.

El proyecto plantea la incorporación de energías renovables no convencionales, sistemas de almacenamiento, generación distribuida y la implementación de subastas para el sector. También introduce nuevas figuras como los comercializadores, busca mayor transparencia institucional y promueve la integración energética regional.

Según el Gobierno, la propuesta permitirá “ordenar la normativa vigente, garantizar tarifas equitativas, fomentar la eficiencia y la sostenibilidad, y asegurar el acceso universal a la electricidad”. Con ello, se pretende sentar las bases de un mercado eléctrico moderno y competitivo que impulse el desarrollo económico del país.

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El Ministerio de Desarrollo Rural y Agua activó este domingo un plan de seguridad alimentaria para garantizar el abastecimiento de carne de pollo y res en la ciudad de La Paz, ante el desabastecimiento registrado en los mercados paceños.

El operativo es liderado por el Viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo R. Serrano Ossorio, quien coordina junto a su equipo técnico y logístico acciones estratégicas para asegurar el traslado y distribución de alimentos hacia la sede de gobierno.

“Estamos desplegando todos los esfuerzos logísticos y operativos necesarios para asegurar el abastecimiento de alimentos en La Paz”, afirmó Serrano, destacando que la medida responde al compromiso del Gobierno nacional de proteger la seguridad alimentaria.

Se activó un puente aéreo en coordinación con las Fuerzas Aéreas, utilizando aviones Hércules para el transporte rápido y seguro de carne de pollo y res desde distintos puntos del país. “Este trabajo coordinado permite responder de manera inmediata a la demanda de la población y garantizar la estabilidad alimentaria”, añadió la autoridad.

Durante la jornada de hoy arribarán a La Paz 10.000 kilogramos de carne de pollo y res, mientras que en el transcurso de la semana se tiene programado el traslado de 40.000 kilogramos adicionales, fortaleciendo así el suministro continuo de productos esenciales.

El operativo contempla vuelos programados, control de carga, supervisión logística y coordinación permanente con productores, proveedores y centros de distribución para garantizar la llegada efectiva de los alimentos a los mercados paceños.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Agua anunció que continuará ejecutando este plan operativo junto a las instituciones correspondientes “hasta normalizar completamente el abastecimiento de carne de pollo y res en la ciudad de La Paz”.

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La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia anunció este miércoles la suspensión del paro de actividades luego de alcanzar un acuerdo con el Gobierno en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.

“El presidente Rodrigo Paz ha firmado el documento, esa es nuestra garantía”, declaró Lucio Gómez, dirigente de la confederación, al término de la reunión.

El acuerdo contempla el abastecimiento de combustible de buena calidad y la conformación de comisiones regionales con representantes de YPFB y aseguradoras para agilizar el resarcimiento por daños ocasionados por la gasolina desestabilizada. “Se va a descentralizar el proceso para que cada federación pueda avanzar con los trámites”, explicó Gómez.

Santos Escalante, secretario ejecutivo de la Federación Urbana de Transporte de La Paz ‘Chuquiago Marka’, confirmó la decisión y añadió: “La garantía es la firma del presidente, él mismo va a fiscalizar”.

Los choferes advirtieron que, si los compromisos no se cumplen en el plazo de una semana, retomarán las medidas de presión. “Si no se cumple, seguramente nos volverán a ver en las calles”, señaló Gómez.

En cuanto a las carreteras, el Gobierno presentó un paquete de proyectos financiados por la CAF. Los dirigentes pidieron al Legislativo aprobar las normas necesarias para su ejecución. “Ahora tenemos la seguridad de que habrá mantenimiento y nuevas obras”, sostuvo Escalante.

El acuerdo también establece que la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) actuará como ente neutral de fiscalización. “Bajo esas garantías salimos más tranquilos y podemos dar seguridad a nuestras bases”, afirmó Escalante.

Por ahora, el sector transportista suspende sus movilizaciones, aunque mantiene la advertencia de un paro escalonado de 48 horas si los compromisos no se materializan. “En este momento se está suspendiendo el paro”, concluyó Gómez en una rueda de prensa improvisada.

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