Tras más de 14 horas de audiencia de juicio oral, la justicia determinó condenar al fotoperiodista Álvaro V. a 25 años de prisión con agravante, a cumplirse en el penal de Chonchocoro, por el delito de violación en el denominado caso Nadia. La decisión fue confirmada por la hermana de la víctima, quien acompañó de cerca el proceso judicial. En el mismo juicio, Nathaly C. fue absuelta de todos los cargos.

El caso se remonta a septiembre de 2024 en la ciudad de El Alto, donde la periodista Nadia A. O., titulada de la Universidad Mayor de San Andrés, denunció haber sido víctima de violación por parte de un excompañero de trabajo. Según sus familiares, la joven enfrentó un largo peregrinaje en busca de justicia, marcado por presuntas negligencias de autoridades judiciales, policiales y fiscales, lo que derivó en un deterioro emocional que culminó con su suicidio.

Organizaciones como la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz denunciaron irregularidades en la investigación y exigieron sanciones contra funcionarios que habrían revictimizado a la denunciante. Además, recalcaron que el caso refleja fallas estructurales en la atención a víctimas de violencia de género.

En ese sentido, las entidades demandaron la aplicación efectiva de la normativa vigente para evitar que hechos similares queden en la impunidad y subrayaron que la condena constituye un paso importante, aunque insuficiente, para garantizar justicia y protección a las mujeres en Bolivia.

Entre el 23 y el 25 de marzo, la Empresa Minera Huanuni enfrentó tres intentos consecutivos de robo de mineral, protagonizados por sujetos que se disfrazaron de trabajadores para ingresar sin autorización. Según la Fiscalía Departamental de Oruro, los implicados pretendían sustraer cerca de 200 kilos de mineral utilizando chalecos y mochilas artesanales, además de credenciales falsas.

Los hechos fueron descubiertos en distintos niveles de la mina, donde se sorprendió a los individuos cargando cantidades que oscilaban entre 20 y 38 kilos. El fiscal coordinador departamental, Mauricio Rodrigo Ramírez, calificó estos sucesos como un “foco de criminalidad” que amenaza la seguridad de la empresa estatal y evidencia la existencia de grupos organizados que buscan vulnerar sus controles internos.

El mineral recuperado fue devuelto a la compañía, mientras que los detenidos enfrentan imputaciones por allanamiento a dependencias. Las autoridades recalcaron la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en el sector minero para proteger el patrimonio estatal y garantizar la integridad de las operaciones, ante un desafío creciente que exige respuestas contundentes.

La Justicia determinó la detención domiciliaria, sin derecho al trabajo, para el conductor de una cisterna en la que se halló diésel adulterado antes de su descarga en la planta de Senkata, en El Alto. La medida se enmarca en las investigaciones por un presunto sabotaje denunciado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz, Henry Pinto, informó que las pesquisas buscan establecer cómo se produjo la alteración del combustible y reconstruir el recorrido de la cisterna desde su carga en Chile hasta su llegada a Bolivia.

De acuerdo con los reportes oficiales, el vehículo transportaba 32.751 litros de diésel en dos compartimientos: uno en condiciones normales y otro con signos de adulteración. La irregularidad fue detectada durante los controles previos a la descarga en la planta de Senkata, lo que generó la alerta inmediata de las autoridades.

Según YPFB, el combustible fue cargado el 16 de marzo en Iquique, Chile. Sin embargo, parte del producto habría sido manipulado en ruta, tras un presunto contacto del conductor con terceros que le solicitaron la venta del carburante. Este hecho refuerza la hipótesis de un sabotaje en el proceso de transporte.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) confirmó que el diésel adulterado presentaba un color oscuro y características fuera de las especificaciones técnicas. Lo llamativo es que los precintos de seguridad llegaron intactos, lo que genera dudas sobre el punto exacto en el que se produjo la manipulación.

YPFB formalizó la denuncia por el delito de hurto y se constituyó en parte denunciante dentro del proceso. La estatal petrolera anunció que colaborará con la Policía y el Ministerio Público en las investigaciones, sin descartar la ampliación de los tipos penales conforme avancen las pesquisas.

Una delegación de siete autoridades de la junta ejecutiva de ONU Mujeres, encabezada por Bibiana Aido, directora regional para las Américas y el Caribe, realiza una misión oficial en Bolivia del 24 al 31 de marzo. El objetivo es conocer el impacto de los programas implementados en el país, fortalecer el diálogo con actores clave y profundizar la comprensión sobre los avances y desafíos en materia de derechos de las mujeres.

La comitiva visitará las ciudades de La Paz, Sucre y Santa Cruz de la Sierra, donde sostendrá reuniones de alto nivel con autoridades del Estado, incluyendo al presidente, el canciller y ministros de diferentes carteras. Estas reuniones buscan consolidar la cooperación internacional en políticas de igualdad de género y empoderamiento femenino.

Además, la agenda contempla encuentros con el Sistema de Naciones Unidas, el cuerpo diplomático acreditado en Bolivia, organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector privado. El propósito es generar espacios de intercambio que permitan identificar buenas prácticas y áreas de mejora en la promoción de los derechos de las mujeres.

ONU Mujeres destacó que esta misión oficial reafirma su compromiso con Bolivia y su voluntad de acompañar al país en la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa. La visita también permitirá evaluar de manera directa los resultados de los programas en marcha y proyectar nuevas iniciativas para enfrentar los desafíos pendientes.