Ramiro Villarpando enfrenta prisión preventiva mientras se investiga a tres exministros involucrados.

El juez determinó la detención preventiva por dos meses en el penal de San Pedro para el exgerente ejecutivo de la empresa estatal B‑Agro, Ramiro Villarpando, acusado de presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La Fiscalía informó que, pese al cierre de la Gerencia Pecuaria en abril de 2024, el responsable continuó percibiendo un salario de Bs 17.000 hasta diciembre de ese año, además de dejar cuantiosas deudas que superan los 21 millones de bolivianos.

 La empresa B‑Agro fue creada en 2022 con un patrimonio inicial de Bs 140 millones para garantizar la seguridad alimentaria mediante la compra y almacenamiento de productos agropecuarios. Sin embargo, las investigaciones revelan serias irregularidades en su funcionamiento, lo que derivó en el proceso judicial contra su exautoridad.

El Presidente Rodrigo Paz dispuso el relevo del general primero Gunter Agudo como Inspector General de la Policía Boliviana y designó en su lugar al general primero Lionel David Valenzuela Peláez, a través del Decreto Presidencial 5556.

En un acto solemne y de gran relevancia institucional, el Gral. 1ro. Lionel David Valenzuela Peláez asumió oficialmente como Inspector General de la Policía Boliviana, acompañado por el Comandante General, Gral. Mirko Antonio Sokol Saravia, y el Alto Mando Policial.

El nuevo Inspector General inicia esta alta responsabilidad con el compromiso de fortalecer la transparencia, disciplina y control interno, pilares fundamentales para consolidar una gestión eficiente, íntegra y confiable dentro de la institución policial.

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Este nombramiento reafirma la decisión de seguir construyendo una Policía cercana a la ciudadanía, orientada al servicio de la sociedad y comprometida con garantizar un trabajo responsable y transparente en beneficio del país.

Pesan tres procesos en La Paz Sobre Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente

ANTECEDENTES

El hijo de Luis Arce Catacora es investigado por la compra irregular del predio denominado “Adán y Eva”, que fue confiscado dentro de las investigaciones. En 2024, el exdiputado Héctor Arce denunció la adquisición irregular de dicho lugar por parte del prófugo de la justicia Rafael Arce.

El Juzgado Decimoquinto de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz emitió una orden de aprehensión contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, procesos ya se emitieron con resoluciones de imputación formal, “calificación variable dentro de la investigación”. La Justicia determinó medidas cautelares como el arraigo y la activación de mecanismos procesales para su búsqueda. El Ministerio Público también confirmó la activación del sello rojo de la Interpol para su localización y captura, Anunció el Fiscal Miguel Cardozo.

LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS

Ministerio Público dispuso secuestro de un bien inmueble, corresponde a un penthouse del condominio Las Palmas, ubicado en la zona de Obrajes de la ciudad de La Paz. “En el caso en concreto de legitimación de ganancias ilícitas, se ha procedido al secuestro. Este bien inmueble está valuado aproximadamente cerca del medio millón de dólares. A partir de esos elementos, se ha realizado inicialmente el secuestro para posteriormente realizar la entrega a Dircabi, se ha cumplido ya con esta acción”, este proceso se encuentra en etapa preliminar. Afirmó el Fiscal David Torrez.

SELLO ROJO

“Se encuentra activado el sello rojo para Rafael Arce Mosqueira. Se ha mandado (la notificación) a Interpol y ellos ya lo han activado. La información de la búsqueda ya ha sido corroborada por el Ministerio Público. Por estrategia investigativa nosotros no podemos dar un dato dónde es que lo vamos a ir a buscar mañana o esta tarde. Esto ya hace mucho a la estrategia de investigación”, comunicó el Fiscal Cardozo

PROGRAMARON AUDIENCIAS DE MEDIDAS CAUTELARES

Rafael Arce no se presentó ni justificó su inasistencia. “A ambas audiencias el ciudadano no ha acudido, de igual manera no ha justificado su inasistencia, motivo por el que el juez ha dispuesto a declararlo en rebeldía”, afirmó el fiscal David Torrez 

JUSTICIA ORDENA 100 DÍAS DE DETENCIÓN PREVENTIVA

La jueza Alejandra Menacho determinó 100 días de detención preventiva para el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, en el penal de Palmasola, dentro del denominado caso “pavimento fantasma”. La Fiscalía lo imputó por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, argumentando riesgos procesales como peligro de fuga y posible obstaculización del proceso.

Durante la audiencia, la defensa de Fernández anunció que apelará la decisión, mientras el alcalde cuestionó que se lo procese con un informe “operativo” de la Contraloría. El caso ha generado gran repercusión en Santa Cruz, ya que se investiga un presunto daño económico por obras de pavimentación que no se ejecutaron en su totalidad.