La Fiscalía emitió una nueva orden de aprehensión contra el exministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, en el marco del denominado caso “El Sillar II”. La medida se suma a los procesos ya abiertos en su contra por presuntos hechos de corrupción vinculados a proyectos de infraestructura vial.
El mandamiento fiscal fue dispuesto por el fiscal de materia Edwin Omar Colque Gonzales, quien actúa en coordinación con el Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción. La denuncia fue presentada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que acusa al exministro de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Según el documento oficial, la orden de aprehensión fue emitida el 28 de abril de 2026 y se prevé que en las próximas horas el Ministerio Público formalice la imputación contra Montaño, solicitando además la aplicación de medidas cautelares. El proceso se centra en supuestas irregularidades en la construcción del tramo El Sillar, que conecta Cochabamba con Santa Cruz.
Actualmente, Montaño cumple detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz desde enero de este año, por otro proceso relacionado con el caso “El Sillar I”. En esa investigación, la Fiscalía detectó presuntas ventajas otorgadas a la empresa china Sinohydro mediante cláusulas modificatorias, con un daño económico estimado en 3 millones de dólares.

El fiscal Roger Mariaca explicó que los hechos investigados se vinculan a la ejecución de contratos por más de 400 millones de dólares en la construcción de la carretera El Sillar. Según la acusación, Montaño, en su calidad de máxima autoridad del Ministerio de Obras Públicas, habría permitido la firma de contratos cuestionados por la ABC entre 2020 y 2025.
La nueva orden de aprehensión refuerza la presión judicial sobre el exministro, quien enfrenta múltiples procesos por presunta corrupción en proyectos de infraestructura. La Fiscalía sostiene que las irregularidades detectadas comprometen seriamente los intereses del Estado y buscan establecer responsabilidades penales.
Con esta decisión, el caso “El Sillar” se amplía y se convierte en uno de los procesos más relevantes en materia de corrupción en el país, colocando nuevamente en el centro del debate la transparencia en la ejecución de obras públicas y la rendición de cuentas de las autoridades que las impulsan.
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