Un hecho de sangre estremeció a la población de Montero, en el departamento de Santa Cruz, luego de que un joven asesinara a su padre de 65 años y posteriormente intentara encubrir el crimen denunciando un supuesto robo. La Fiscalía confirmó que se trata de un parricidio y que el principal acusado es el propio hijo de la víctima.

El macabro suceso ocurrió la madrugada del miércoles 29 de abril, en un inmueble ubicado en la calle Beni, zona La Floresta del Distrito 4 de Montero. Según las primeras investigaciones, el joven de entre 20 y 22 años, estudiante, atacó con un cuchillo a su progenitor tras una discusión familiar. Posteriormente, se presentó en la Policía denunciando que su padre había sido víctima de un robo, versión que fue descartada tras las pericias.

La hermana del agresor, quien presenció el hecho, fue clave para esclarecer el caso. Ella relató a las autoridades lo ocurrido y dejó en evidencia la falsa denuncia de su hermano. El fiscal Carlos Candia informó que entre padre e hijo existían constantes discusiones, las cuales habrían derivado en el fatal desenlace.

El cuerpo del hombre, identificado como Juan L.F., fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia de ley, que determinará la cantidad de heridas que recibió y que le provocaron la muerte. La escena del crimen mostró huellas ensangrentadas en el patio y en el ingreso del inmueble, lo que reflejó la violencia y desesperación del momento.

El acusado fue aprehendido en una localidad cercana a Montero y actualmente se encuentra bajo custodia policial. La Fiscalía lo investiga por el delito de parricidio y será puesto a disposición de la autoridad judicial para definir su situación legal en las próximas horas.

Las autoridades señalaron que el caso continúa en investigación para establecer los móviles del crimen y las circunstancias que rodearon el hecho. La brutalidad del ataque y el intento de encubrimiento con una denuncia falsa han generado conmoción en la población montereña.

Este parricidio se suma a la lista de hechos violentos que sacuden la región, dejando en evidencia la necesidad de atender los conflictos familiares antes de que escalen a tragedias irreparables.

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El expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas Ulo, fue aprehendido este martes tras ser acusado de participar en presuntas transacciones irregulares con bonos soberanos durante 2024. La Fiscalía sostiene que el perjuicio económico supera los 124 millones de dólares, aunque el Viceministerio de Transparencia reportó un daño aún mayor, de 142,3 millones.

“Se ha emitido un daño económico de 124 millones de dólares. Han vendido y comprado bonos en montos mayores a los que estaban establecidos”, declaró el fiscal Miguel Cardozo, quien lidera la investigación.

Durante la jornada también fueron aprehendidos tres exdirectivos del BCB: Pascual Oswaldo Q. N., exgerente de Operaciones; Óscar F. M., exdirector; y Rolando Sergio C., exgerente de Política Económica. Todos pasaron su primera noche en celdas policiales.

El caso se abrió tras una denuncia presentada por la nueva administración del Banco Central, que detectó irregularidades en al menos siete operaciones de intercambio de bonos soberanos realizadas en distintas entidades financieras. “Estamos hablando de que en el mercado se encontraba a un valor del 52% al 56% y el Banco Central había realizado una compra al 99,9%. Hubo un sobreprecio en la compra de estos bonos”, explicó Cardozo.

Según la Fiscalía, las operaciones se realizaron bajo el Comité de Operaciones de Mercado Abierto (COMA), presidido por Rojas. El comité habría autorizado compras con sobreprecio, generando el millonario daño al Estado.

El proceso contra los exfuncionarios se abrió por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. “La denuncia fue realizada por el mismo Banco Central en base a un informe de auditoría”, detalló el fiscal.

Cardozo adelantó que este miércoles se presentará la resolución de imputación formal contra los aprehendidos. Posteriormente, un juez definirá su situación jurídica en una audiencia de medidas cautelares.

“El Ministerio Público va a solicitar la detención preventiva de estas cuatro personas por el lapso de seis meses”, afirmó el fiscal en contacto con medios estatales, mientras el país sigue atento a la evolución de este caso que sacude las estructuras financieras nacionales.

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Un accidente de tránsito de gran magnitud se registró la madrugada de este miércoles en la carretera internacional que conecta Oruro con Pisiga, en la frontera con Chile. Un bus de la empresa Puma Tours volcó de costado cerca del sector del Puente Español, dejando al menos ocho personas fallecidas y más de una decena de heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, el motorizado realizaba un servicio internacional desde territorio chileno hacia la ciudad de Oruro. “Vino con mucha velocidad y se cayó, necesitamos ambulancias”, relató una mujer en un video grabado minutos después del siniestro, reflejando la desesperación de los pasajeros y testigos.

Bomberos y efectivos de la Policía llegaron rápidamente al lugar para rescatar a los heridos y recuperar los cuerpos de las víctimas, algunos de los cuales quedaron atrapados entre los fierros del bus. “Estamos trabajando en el levantamiento legal de los cuerpos y en la atención inmediata de los heridos”, informó un oficial presente en la zona.

Entre las víctimas fatales se confirmó la presencia de un menor de edad, mientras que al menos diez personas heridas fueron trasladadas a distintos centros de salud para recibir atención médica.

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El accidente ocurrió alrededor de las 04:00 en inmediaciones del puente Español, en el sector de Challacollo. Las causas del vuelco aún están bajo investigación, aunque testigos mencionaron que el bus circulaba a gran velocidad.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho. Mientras tanto, la tragedia enluta a familias bolivianas y chilenas, y pone nuevamente en debate la seguridad en las rutas internacionales que conectan ambos países.

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Un trágico accidente se registró la madrugada de este martes en la comunidad de Tojo, sobre la carretera Tarija-Villazón, cuando un bus de la empresa Narváez se embarrancó aproximadamente 200 metros. El hecho dejó como saldo preliminar cuatro personas fallecidas y varios heridos, según reportó Bolivia Tv.

El siniestro ocurrió cerca de las 03.00 horas y movilizó de inmediato a equipos de emergencia, quienes trabajaron arduamente para rescatar a los sobrevivientes y trasladarlos hasta centros de salud. “Tuvimos que salir arañando la tierra hasta la carretera con los heridos, con esa adrenalina del momento hemos logrado salir”, relató uno de los pasajeros que fue derivado al Hospital Regional San Juan de Dios.

De acuerdo con los primeros informes, el bus había partido la noche anterior desde Tarija con destino a Villazón. La Policía Boliviana inició las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras familiares y testigos exigen respuestas. “Nos hemos olvidado de todo, solo queríamos salvar nuestras vidas”, añadió otro sobreviviente.

Las víctimas fatales fueron identificadas como tres varones y una mujer. Pasado el mediodía, el equipo de Bomberos de la Policía trasladó tres cuerpos hasta la morgue, confirmando la magnitud de la tragedia que enluta a varias familias tarijeñas.

Los familiares de los heridos denunciaron que la empresa Narváez no cuenta con el Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT). “Estamos cubriendo con nuestros propios recursos los gastos médicos, pero exigimos que la empresa se haga responsable”, reclamaron en declaraciones a medios locales.

El accidente ha generado indignación y dolor en la región, donde se espera que las autoridades refuercen los controles de seguridad en las carreteras. Mientras tanto, los sobrevivientes y familiares de las víctimas enfrentan momentos de angustia y duelo, esperando justicia y apoyo en medio de la tragedia.

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