Organizaciones pro derechos humanos y abogados independientes demandaron a la presidenta designada de Perú, Dina Boluarte, así como a ministros y jefes policiales de su gabinete, por la muerte de seis manifestantes asesinados durante las protestas de diciembre en la región de Apurímac.
Autoridades locales de Türkiye y Siria actualizaron este lunes, una semana después de los terremotos, el número de muertos, los cuales, en total y de manera preliminar todavía asciende ya a más de 36.000 entre ambas naciones.
