El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua expresó su indignación por la decisión del Juez 11º Cautelar Penal, Hugo Huacani, de beneficiar con detención domiciliaria al dirigente panificador Rubén Ríos, investigado por irregularidades en la subvención de harina. La institución advirtió que este tipo de resoluciones genera desconfianza y fomenta la impunidad.
El Ministerio afirmó que “ciertos operadores de justicia no acompañan el esfuerzo que el equipo jurídico está realizando para identificar y sancionar a los responsables de los hechos de corrupción”. Señaló también que se debe “evaluar e investigar el accionar de este operador judicial”, porque decisiones como esta “alimentan la impunidad y traicionan el esfuerzo institucional para erradicar la corrupción”.
La entidad recordó que el caso no se limita a la responsabilidad individual de Ríos, ya que las investigaciones “están develando vínculos ilícitos entre este dirigente y sus familiares”, conformando una red involucrada en delitos como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y contratos lesivos al Estado. Según el Ministerio, se trata de un caso estructural que afecta al patrimonio de todos los bolivianos.
La cartera estatal además alertó sobre un “evidente riesgo de fuga”, recordando el antecedente del exgerente de EMAPA, Franklin Flores, cuyo paradero continúa desconocido. Mencionó que Ríos “no fue encontrado por varios días en su domicilio”, lo que demostraría resistencia a enfrentar las acusaciones.
Finalmente, el Ministerio exigió que la medida sustitutiva sea revisada y revertida, pidiendo que la justicia envíe “señales claras de cambio y de compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción”.