El Gobierno, mediante el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, presentó el reglamento de la Ley 1680, que protege a las hijas e hijos huérfanos víctimas de feminicidio y otros delitos contra la vida. Esta normativa tiene como objetivo garantizar la protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus madres debido a la violencia de género extrema, expresada en el feminicidio.
La viceministra Jessica Echeverría, durante el acto realizado en Casa Grande del Pueblo expresó “El Estado no los va a abandonar”, El reglamento propone procedimientos claros para otorgar beneficios económicos, que incluye la propuesta de un pago del 20% del Salario Mínimo Nacional a favor de las víctimas de feminicidios.
“No podíamos dejar a un lado a los niños que han perdido por culpa de quien debía proteger su derecho a crecer al lado de su madre. Es la forma más cruel y extrema de violencia”, indicó Echeverría.
En Bolivia, 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, y cerca de un centenar por año es asesinada por esposos, cónyuges o parejas sentimentales. Las investigaciones del Ministerio Público develan que estas muertes ocurren con mayor violencia y dejan a hijos sin sus progenitoras. En lo que va de este 2026, se registran 17 feminicidios.
El reglamento prioriza atenciones psicosociales, acompañamiento sostenido y reparación integral con dignidad, fundamentándose en la colaboración con colectivos feministas y organizaciones de mujeres del país, que conocen los procesos de atención a víctimas de violencia de género.
“La inacción del Estado se tradujo en una ley que refleja compromiso porque la reglamentación da tareas concretas a cada institución pública”, señaló por su parte, la representante de la alianza Voces Libres, Mercedes Cortés.
En el evento participaron la Defensoría del Pueblo, Aldeas Infantiles SOS, el Observatorio de Violencia y organizaciones de familiares. Mónica Bayá, de la Comunidad de Derechos Humanos, destacó el proceso participativo que incluyó a instituciones públicas, asambleístas y la sociedad civil para la reglamentación. “(El proyecto) es una herramienta esencial para que las medidas de la ley se concreten en el corto plazo y contribuyan a paliar el sufrimiento, garantizando bienestar, integridad y seguridad”, expresó.
La reglamentación se enviará al poder Ejecutivo para su aprobación y ejecución, organizando responsabilidades en las instituciones públicas. La viceministra Echeverría destacó que el presidente Rodrigo Paz, puso como prioritario abordar problemáticas estructurales en la convivencia social, especialmente las que afectan a mujeres y niños.
