El Procurador General del Estado, Hugo León La Faye, informó que la Procuraduría se apersonó ante el Ministerio Público y el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 5to., para realizar seguimiento al proceso investigativo contra el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen Tapia, dentro del caso denominado Botrading.

La autoridad explicó que, de acuerdo con la Resolución de Ampliación de Imputación Formal No. 48/2025 emitida por el Ministerio Público, Dorgathen fue imputado por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

“El juez de la causa señaló audiencia de consideración de medidas cautelares, y se advierte que si el exfuncionario no se presenta a la audiencia de este miércoles 14 de enero podría ser declarado rebelde”, señaló el Procurador General del Estado.

León precisó que la audiencia de medidas cautelares está programada para este miércoles 14 de enero a horas 10:00 y se desarrollará de manera presencial en el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer 5.

El exfuncionario es investigado por presuntas irregularidades en la importación de combustible a través de la empresa Botrading. Este caso forma parte de las investigaciones que lleva adelante la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos, presidida por la Procuraduría General del Estado, instancia creada por instrucción del presidente Rodrigo Paz Pereira para esclarecer posibles hechos de corrupción en el sector hidrocarburífero.

Ante la solicitud de atención por emergencia sanitaria presentada por el municipio de Colpa Bélgica, departamento de Santa Cruz, debido a la crecida de ríos, el gobierno del Presidente Paz, a través del Viceministerio de Defensa Civil, activó una intervención técnica para mitigar los riesgos en la zona.

El evento hidrológico provocó la inundación del cementerio municipal Campo Santo, dejando cuerpos expuestos y generando un potencial foco de infección que representaba un riesgo para la salud pública y el entorno inmediato. Además, el desborde del río bloqueó rutas que conectan a al menos dos barrios, dificultando el tránsito y la atención a las familias afectadas.

En respuesta, se desplegó maquinaria pesada y personal especializado para rehabilitar vías y realizar el rencausamiento del río, con el objetivo de restablecer la circulación, reducir el nivel de anegamiento y controlar los factores de riesgo sanitario.

Las acciones se desarrollan de manera coordinada con el gobierno municipal y otras instancias locales, siguiendo los protocolos de atención a emergencias que priorizan la protección de la salud, la seguridad de la población y la reducción de impactos ocasionados por eventos adversos.

Ante los bloqueos registrados en el país, personal naval activó operativos de evacuación y apoyo en el lago Titicaca, logrando trasladar a 313 personas entre ciudadanos extranjeros y bolivianos, durante el fin de semana.

Del total de evacuados, 243 eran ciudadanos extranjeros que fueron trasladados desde Kasani, Tiquina, Guaqui y la ciudad de La Paz. De manera paralela, 70 ciudadanos bolivianos también fueron evacuados: 50 fueron llevados a comunidades como Chinchorro, Coriguaya, Kama Cachi y San Pablo de Tiquina, mientras que otros 20 fueron trasladados a El Alto, en la ciudad de La Paz.

Las acciones se ejecutaron con el despliegue de 117 efectivos navales y el uso de ocho embarcaciones, entre catamaranes, lanchas, botes deslizadores y un buque multipropósito, debido a que las vías terrestres se encontraban inhabilitadas.

Durante el operativo, se brindó asistencia médica a 10 personas, alojamiento temporal a 164 personas en Copacabana y Guaqui, además de la entrega de alimentación a 300 personas.

Asimismo, se activó un resguardo preventivo en el aeropuerto Tito Yupanqui; sin embargo, los traslados se realizaron únicamente por vía lacustre.

Las operaciones permitieron garantizar el traslado seguro de la población afectada frente a las restricciones de circulación en el país.

El Viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Cnl. DAEN. (R.A.) José Maurice Castro Pautrat, se reunió en mesas de trabajo con productores de arroz y representantes del gobierno para regular y enfrentar la creciente internación ilegal del producto, que ingresa en empaques desde Argentina, Paraguay y otros países.

Castro explicó que previamente se realizaron dos reuniones donde se organizaron tres mesas de trabajo: control, producción y sustento normativo o legal. El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando lidera las mesas de control y normativas, con el objetivo de aportar soluciones a los productores e incorporar disposiciones legales y estrategias innovadoras para garantizar una regulación más efectiva y reducir el flujo indebido de arroz.

“Estamos proponiendo reglas más estrictas en la regulación, pero también medidas innovadoras que permitan clarificar esta situación. No se trata de impedir la importación legal, sino de evitar que se eludan los procedimientos normales mediante acciones ilícitas que perjudican al productor y al mercado nacional”, afirmó la autoridad.

Castro señaló que el contrabando de arroz no es un problema reciente, sino una situación que se arrastra desde hace años y se ha convertido en recurrente.

La reunión contó con la participación de representantes del Viceministerio de Coordinación Política y Legislativa, la Asociación de Productores de Arroz, la Aduana Nacional, el Servicio Nacional Agropecuario e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), el Viceministerio de Política Tributaria, entre otros.